Redacción.
Con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres migrantes, en sesión semipresencial, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 432 votos a favor, cero en contra y una abstención, reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El dictamen que adiciona una fracción al artículo 41 de la citada ley, agrega como facultad y obligación de la Federación promover, salvaguardar y garantizar los preceptos humanos de las mujeres migrantes en los términos de las leyes en la materia.
Quien fundamentó el dictamen fue la diputada Marta Dekker Gómez, del PT; habló sobre la pobreza y exclusión que obligan a miles de mujeres a migrar y abandonar sus hogares: “En muchas ocasiones es tan adversa la situación que viven las mujeres en sus propios hogares y comunidades, y aun sabiendo la violencia con la que se enfrentan en el proceso de migración, tales como el secuestro, amenazas, extorciones, violencia sexual, deciden migrar”.
La diputada promovente, Ximena Puente De la Mora, del PRI, dijo que las mujeres migrantes se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, “tanto por su condición de mujeres como por su calidad de migrantes en tránsito. Esta reforma tiene por objeto fundamental instrumentar la garantía del principio de igualdad reconocido en esta Constitución, pero también dar plena vigencia a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030”.
Asimismo, mencionó que la violencia de género va más allá de las mujeres mexicanas, porque también lacera a las migrantes provenientes de diversos países del continente, esencialmente de Centroamérica que están en tránsito dentro del territorio nacional.
En ese sentido, refirió que México es el segundo país a nivel mundial con el mayor número de mujeres migrantes. De acuerdo con la ONU, ellas constituyen aproximadamente el 20 por ciento de la población en tránsito por México; es decir, cerca de 30 mil mujeres anualmente.
Amnistía Internacional, añadió la legisladora, señala que 46 por ciento de ellas han sido víctimas de algún tipo de violencia, física o psicológica, por parte de autoridades, familiares o desconocidos, y seis de cada 10 fueron agredidas sexualmente durante su trayecto.
El dictamen se turnó al Senado de la República para su análisis.
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