Laura Rosete 17/09/2021
El nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas para evaluar en terreno la crisis de Venezuela ha llegado a tres duras conclusiones sobre la justicia del país.
En primer lugar, lo considera una pieza clave en la represión gubernamental contra opositores, que ha contribuido a la crisis actual que vive Venezuela. En segundo lugar, considera probado que jueces y fiscales han participado activamente en detenciones arbitrarias.
A los reveladores testimonios de tortura y violaciones por parte de cuerpos de seguridad ocurridas desde 2014 en adelante, contenidas en el primer informe de los investigadores, se suma ahora la evaluación del sistema judicial, cuya capacidad para proteger los derechos humanos, reconoce la misión, se viene erosionando mucho antes del lapso de tiempo examinado en el informe, con medidas tomadas durante el gobierno de Hugo Chávez, como la reestructuración del Supremo y la suspensión de los concursos y la carrera judicial, algo que ha sometido a los jueces a la incertidumbre que supone la provisionalidad de sus cargos, cuya estabilidad depende así de la coacción política.
“La misión tiene motivos razonables para creer que en los casos analizados las juezas, jueces y fiscales, en lugar de haber garantizado, han denegado el goce de derechos a personas opositoras al Gobierno, por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público”, denuncia el informe. Son los juzgados y tribunales con competencia en terrorismo los principales actores en lo que en las 212 páginas del informe se describe como una maquinaria que trabaja para violar los derechos humanos y perpetuar la impunidad.
Detenciones sin órdenes judiciales, uso de pruebas manipuladas, fabricación de expedientes y la intervención rutinaria de altos funcionarios con declaraciones anticipadas o posteriores a las detenciones para imponer conclusiones sobre la culpabilidad son parte de los patrones detectados por la misión.
Los investigadores evaluaron 183 expedientes de detenciones arbitrarias y muertes de opositores en el contexto de protestas y en prisión. “En medio de la profunda crisis de Derechos Humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión durante la presentación.
Información retomada de, El País
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