Rodrigo Guzmán
La mañana de este miércoles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) encabezada por la comisionada presidenta, Jackeline Ordoñez llevó a cabo la presentación pública de la recomendación general 01/2022, sobre los centros municipales de detención preventiva.
Señaló que esta recomendación pone de manifiesto el área de oportunidad con el que se cuenta en las administraciones municipales, sustentado en el marco normativo de los diversos derechos humanos, internacionales y nacionales, pues en diversas visitas, se han puesto de manifiesto en los sesenta municipios, algunas irregularidades que ponen en entredicho las valoraciones de algunos ayuntamientos.
Toda vez que se presentaron en los años 2020 y 2021 ante el organismo 56 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de Seguridad Publica de algún municipio del Estado.
Además, que en el año 2020 y lo que va del 2022, se iniciarán de oficio, quejas que ponen de manifiesto la omisión de los elementos de seguridad, en la vigilancia permanente que garantice los derechos de las personas que son privadas de su libertad y, en el caso, custodiar la vida e integridad, mismas que serán resultas en lo particular, fuera de la recomendación general, por tratarse de hechos considerados graves.
“Se buscan las condiciones mínimas de seguridad, en la salvaguarda de los derechos humanos de estos centros, entre las recomendaciones se encuentran; Garantizar los derechos humanos de las personas detenidas, realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los centros de detención con perspectiva de género, recomendar a las autoridades correspondientes, capacitaciones de las áreas en materia de derechos humanos”.
La comisionada expresó que se busca hacer visible la situación de las personas detenidas en los centros municipales de detención preventiva, verificando las medidas que integran los ayuntamientos municipales en esta materia, además que la recomendación pretende ser un instrumento guía, que permitirá describir estándares en materia de prevención de derechos humanos, para ello se establecieron dos tipos de inspecciones periódicas; internas, realizadas por la administración central de cada ayuntamiento y externas, realizadas por un organismo independiente de la administración “el objetivo es priorizar la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad” señaló.
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