31-03-2021
Redacción.
La Cámara de Diputados avaló el dictamen por el que se expide la Ley General de Educación Superior y abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Establece las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; así como contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos.
Se plantea la gratuidad de la educación de nivel universitario, de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto; el respeto a la autonomía de las instituciones que ya la tengan y la necesidad de consultar a sus comunidades para hacer cambios en sus legislaciones; e incorporar a las Escuelas Normales Rurales a este nivel educativo.
También se incluyó un apartado para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y la obligación de que las instituciones privadas otorguen becas a cuando menos 5 por ciento de los estudiantes matriculados.
Para fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Adela Piña Bernal (Morena), expuso que hace dos años se inició el proceso de la Reforma Educativa, por lo que “a partir de entonces hemos vivido un periodo largo de trabajo impulsando y aprobando la legislación correspondiente que sienta las bases del nuevo paradigma educativo que garantiza el derecho a la educación que tienen todos los mexicanos”. Agradeció a todos los grupos parlamentarios que se sumaron al esfuerzo de construcción de esta Ley, “representa un paso trascendente hacia la fortaleza de la educación superior”.
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, de acuerdo con la diputada Zaira Ochoa Valdivia, de Morena, esta ley llenará un vacío legal histórico para unificar el sistema en toda la república y establecer las condiciones para reconocer la validez de los estudios realizados en diferentes sistemas. Además, resaltó que el dictamen tiene el enfoque de los derechos humanos.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, PAN, coincidió en que la educación debe ser pública, laica, obligatoria y gratuita, y destacó el proceso de construcción de cinco años para llegar a la expedición de la Ley General de Educación Superior, toda vez que han participado todos los grupos parlamentarios; no obstante, destacó que aún hay pendientes, “uno de ellos tiene que ver con el tema del financiamiento, el otro es la mejora de la evaluación y el tercero es la siempre necesaria protección de la autonomía”.
Quien reconoció el trabajo que se ha realizado durante dos años y medio para construir la presente Ley en consenso con todas las fuerzas políticas fue la diputada Cynthia Iliana López Castro, del PRI, quien además subrayó que el dictamen a discusión tiene por objeto darle “un marco jurídico firme al Sistema Nacional de Educación Superior” estableciendo las bases para cumplir la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos, del PT, sostuvo que la propuesta “pretende transformar la educación en una industria, en un entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes”, por lo que anunció su voto en contra, toda vez que para su grupo parlamentario “la educación es un derecho y no un privilegio”. El documento se envió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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