Laura Rosete 28/10/2021
Manifestantes vestidos de negro, enmascarados y con paraguas frente a la policía: la película Revolución de nuestro tiempo se proyectó en el último Festival de Cannes. Nunca se verá en las pantallas de Hong Kong, y mucho menos en las chinas. Incluso antes de la enmienda votada por los legisladores el miércoles 27 de octubre, el director Kiwi Chow dijo que vivía con miedo.
No es el único. No todo su equipo aparece en los créditos de este documental sobre las manifestaciones de 2019 en Hong Kong. Allí se aplica ahora la censura Made in China, que transforma a los censores en guardianes de la ley de seguridad, una especie de policía de "lo que no hay que ver ni oír".
Según los pro chinos, la enmienda debería permitir evitar las películas políticas que critican a China y al Partido Comunista. "El objetivo es muy claro, es impedir cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional", dijo Edward Yau, secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, citado por el Global Times de Pekín. "La industria cinematográfica no se verá afectada en su mayor parte por el proyecto de ley. Esto ayudará al sector a cumplir mejor las normas y evitar que se sobrepasen las ‘líneas rojas’ por error", añadió.
Para los activistas pro democráticos, en cambio, la ley supone un nuevo apagón a la libertad de expresión y a la creatividad de un cine que lleva mucho tiempo asombrando al mundo. "Es un clima peligroso para las empresas que toman decisiones sobre contenidos", explica a la AFP Darrel West, investigador del Centro de Tecnologías de la Innovación.
Esta censura ya existía antes del voto de los legisladores: la primavera pasada la distribuidora de Inside the Red Brick Wall, otro documental sobre las protestas de 2019, fue excluida de la financiación pública. La censura va de la mano con el control de la prensa y la toma de posesión de los medios de comunicación públicos, así como el control de los sindicatos. Sobre todo, refuerza la acción del Estado.
Con la ley, las autoridades tienen ahora la "última palabra" sobre las películas, y los inspectores pueden llegar en cualquier momento, sin orden judicial, a registrar los locales de las productoras. Aquellos que no entren en el marco de la vaga y en todo caso sujeta a interpretación "ley de seguridad nacional" se arriesgan a fuertes sanciones: hasta 110.000 euros de multa y tres años de prisión.
"Añadir cláusulas de seguridad nacional al proyecto de ley es una clara censura política", comenta Kenny Ng, profesor asociado de la Academia de Cine de la Universidad Baptista de Hong Kong, según informa Reuters. La fuerza de la censura china en este caso es que lleva a los profesionales a autocensurarse por miedo.
Información retomada de RFI
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