La insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y la deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas son algunas de las carencias.
Isabel Polvo Escobar
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2020 que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), arrojó que en la entidad tlaxcalteca hay deficiencias en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala y el Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala.
En el Centro de Reinserción Social de Apizaco se detectó la insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia y una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
En tanto que, en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, son deficientes las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de la deficiente separación entre procesados y sentenciados, la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad y la insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
Mientras que la CNDH detectó en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala deficiencia en las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
Así como la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior, la deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas y la insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), (DNSP), es una atribución conferida “en el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” el cual examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.
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