Joel Cortés / 20-06-22
El pasado 8 de junio durante su sesión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio a conocer que emitió un pronunciamiento para que la Secretaría de Salud dé a conocer el número de vacunas que recibió del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra Covid-19 (Covax), cuántas fueron aplicadas y cuántas se encontraban almacenadas hasta febrero pasado.
La decisión se tomó con base en el marco legal nacional, pero también argumentando resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde se recomendó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos dar prioridad a las solicitudes de información relacionadas con la pandemia.
Asimismo, se ordenó revertir la decisión original de la Secretaría de Salud, quien había respondido que no tenía la información disponible, sin embargo, el Inai afirmó que, según reportes periodísticos, la dependencia federal había reportado que algunos datos sobre la disponibilidad de la vacuna Sputnik.
Además, en el mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al gobierno federal mantener en reserva la información sobre las vacunas contra el Covid-19 que ha comprado, así como los contratos y comprobantes de pago, por considerar que se trata de datos que ameritan mantenerse en secrecía por razones de seguridad nacional.
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