Por: María Guadalupe Ruíz Carrasco
Presidenta de la Comisión de Mujeres Adultas Mayores del Capitulo Tlaxcala 50+1, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con estudios de Maestría en Política y Acción Pública, y en Derecho Electoral. Activista y Abogada Postulante.
Mucho se ha dicho sobre el principio de igualdad formal, el cual básicamente implica que, toda persona debe ser tratada de la misma manera, a pesar de sus diferencias, este principio para poder cumplir con su finalidad considera esencialmente: el trato diferencial justificado y las acciones afirmativas, por lo que éstas últimas resultan ser las estrategias desarrolladas para garantizar la igualdad desde un enfoque del derecho anti-discriminatorio.
Así, el reto de nuestro tiempo es superar las asimetrías que se presentan entre las mujeres y hombres en los diferentes espacios y ámbitos de la vida, esto es básicamente empoderar a la mujer, sin embargo, el proyecto de empoderamiento femenino implica conciencia y solidaridad colectiva, en el ámbito privado, pero también en el público, además de la participación activa de los colectivos sociales. El proceso también implica que la mujer se concientice sobre sus intereses, y cómo éstos se relacionan con los de la colectividad, con el objetivo de que las mujeres transformen sus estructuras institucionales y así acceder a oportunidades, información y recursos de cualquier índole. En este proceso, también es importante que se reconozca a los colectivos sociales, pues estos han sido los medios para que las mujeres hagan escuchar su voz, y se promuevan políticas púbicas efectivas que garanticen, por ejemplo, el acceso a las mujeres a los espacios de toma de decisiones tanto en el ámbito público, como en el privado.
Muestra de estos logros los vemos reflejados en los espacios donde actualmente se encuentran mujeres ejerciendo el poder; aun a pesar de las resistencias y convirtiéndose en pioneras en espacios donde por mucho años solo los hombres tenían acceso, asunto que debe ser visibilizado y reconocido tantas y cuantas veces sea necesario hasta que la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder se haga costumbre.
Con base en lo anterior, resulta pertinente visibilizar y reconocer los espacios logrados por las mujeres:
I. En el orden Nacional:
a) El Poder Judicial, de los once ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro espacios (36.4% del total) son representados por Mujeres. Es la primera ocasión que la Presidencia se encuentra a cargo de una mujer, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Así en la Primera Sala, se encuentra la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y en la Segunda Sala, las Ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa[1].
En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las seis ponencias, dos son representados por mujeres[2] (33%), las Magistradas Janine Madeline Otalora Malasis y Mónica Aralí Soto Fregoso.
b) El Poder Legislativo, integrado por dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados, en caso de la Cámara de Senadores, de los 128 curules, 64 son representados por mujeres, es decir, el 50%. Respecto a la integración de la Mesa Directiva, la Presidencia está a cargo de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera.
Mientras, en la Cámara de Diputados de los 500 espacios, el 50% de estos son representados por Diputadas, en este caso la composición de la Mesa Directiva tiene mayor integración femenina, pues en la Presidencia se encuentra la Diputada Marcela Guerra Castillo, tres vicepresidencias y seis de las siete Secretarías también son representados por mujeres.
c) Poder Ejecutivo, en un hecho histórico para el país, el proceso electoral federal 2023-2024 tiene como virtuales candidatas al máximo espacio de Representación Popular a dos mujeres, de las cuales, debido al nivel de competitividad de sus perfiles con alta probabilidad, una de ellas será elegida Presidenta de México.
d) Órganos Constitucionales Autónomos: Destaca la participación activa de perfiles femeninos al frente de las Juntas de Gobierno del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de las Presidencias del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y de la de Competencia Económica[3]. Los únicos organismos constitucionales autónomos que no tienen al frente mujeres son la Fiscalía General de la República y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en este último caso, llama la atención que todos los espacios del pleno sean representados por hombres, sin embargo, existen espacios pendientes por designar, y es aquí donde se encuentra la oportunidad de exigir que dichos espacios también se integren atendiendo los criterios de paridad en todo.
e) Otro espacio público a observar son los partidos políticos con registro nacional, donde la única dirigencia nacional a cargo de una mujer es la de Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México; en el caso de Acción Nacional[4], el Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática y de Regeneración Nacional, las presidencias se encuentran a cargo de los hombres y sus secretarías generales representadas por mujeres[5]; en el caso del Partido del Trabajo, el órgano de dirección es la Comisión Coordinadora, sin embargo, la integración es predominantemente masculina[6]; por su parte, en Partido Movimiento Ciudadano, tiene a una mujer como Presidenta del Consejo Nacional[7].
II. En el orden Local.
En el Estado se han logrado avances sustantivos en términos de paridad, un ejemplo de esto es la titularidad del ejecutivo que se encuentra a cargo de Lorena Cuellar Cisneros.
Por su parte en el Congreso del Estado, la LXIV Legislatura se ha integrado de manera paritaria, 13 de los 25 curules son espacios representados por mujeres; de manera reiterada la Mesa Directiva ha sido Presidida por una mujer, tal es el caso del primer periodo ordinario del tercer año legislativo que tiene al frente a Mónica Sánchez Angulo, asimismo, la Junta de Coordinación y Concertación Política ha sido encargada a la Diputada Marcela Pérez Castillo.
Mientras que el Poder Judicial Local, tiene al frente de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia a la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas; por su parte el Tribual Electoral del Estado de Tlaxcala, en este momento se encuentra presidido por la Magistrada Claudia Salvador Ángel.
En el caso de los Órganos Autónomos Constitucionales, son dos de estos lo que tienen al frente a mujeres, por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos representada por Jakqueline Ordoñez Brasdefer, y en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra designada Maribel Rodríguez Piedras como la Comisionada Presidenta.
Respecto a las dirigencias estatales de los partidos con representación en la entidad, de acuerdo a información que se puede consultar en la página electrónica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, son Presidentas: Miriam Esmeralda Martínez Sánchez por el PAN, Anabel Avalos Zempoalteca en el PRI, Patricia Zenteno Hernández en el PRD, María Aurora Villeda Temoltzin por Redes Sociales Progresistas, Maribel León Cruz y Laura Alejandra Ramírez Ortiz por los Partidos Verde Ecologista y Alianza Ciudadana[8] respectivamente.
Con base en lo anterior, es evidente que la participación política de las mujeres ha ido rompiendo los techos de cristal impuestos por las estructuras donde se desempeñan, lo que tiene todo que ver con: la implementación de medidas afirmativas[9] y el impulso a la reforma en materia de paridad entre géneros del año 2019 “Paridad en todo”, la cual impacto los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que impulsa la paridad en la constitución de todos los cargos públicos donde se lleva a cabo la toma de decisiones.
Los espacios hasta ahora conquistados por las mujeres en el ámbito público, son el resultado de un largo proceso histórico en la búsqueda por parte de las mujeres, del reconocimiento del ejercicio de derechos de la ciudadanía en igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo el proceso aún no acaba, ahora el reto es que las mujeres que se encuentran en los espacios antes expuestos, generen las condiciones para que otras mujeres puedan llegar, continúen profesionalizándose y se desarrollen con menos obstáculos.
[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Conoce la Corte”. Conoce la Corte | Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn.gob.mx) [2]Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (te.gob.mx). [3] El Banco de México (Banxico): Victoria Rodríguez Ceja; el Instituto Nacional Electoral (INE): Guadalupe Taddei Zavala; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Blanca Lilia Ibarra; la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): Graciela Márquez Colín; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Ariadna Montiel Reyes; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): Rosario Piedra Ibarra, y la Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE):Andrea Marván Saltiel. [4]Partido Acción Nacional. “Nuestro equipo” PAN | Partido Acción Nacional [5] Instituto Nacional Electoral. “Partidos Políticos Nacionales”. Partidos Políticos Nacionales - Instituto Nacional Electoral (ine.mx) [6] Partido del Trabajo. “Integración de los Órganos de Dirección Nacional”. ccn.pdf (partidodeltrabajo.org.mx) [7] Movimiento Ciudadano. “Estos Somos Movimiento Ciudadano”. Movimiento Ciudadano | Seguimos en Movimiento - Movimiento-Ciudadano [8] Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. “Dirigentes de partidos políticos nacionales y locales” (Junio 2023). Disponible en su versión electrónica en 3.pdf (itetlax.org.mx) [9]Término asignado a las acciones que pretenden establecer políticas que den a un grupo social, históricamente discriminado, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, servicios o bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de dichos grupos desfavorecidos”
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