La Legisladora planteó que los integrantes de los ayuntamientos arranquen el 15 de octubre del año que les corresponda
Redacción 12 de octubre de 2021
A fin de homologar la fecha del inicio de las administraciones municipales con la entrega de la cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal que corresponda, la Diputada Local Mónica Sánchez Angulo, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Local y la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Y es que, durante la sesión ordinaria de este martes, la Legisladora aseguró que al no coincidir las dos fechas señalas previamente, se han generado múltiples problemáticas entre las administraciones municipales entrantes y salientes, como actualmente pasa en los municipios de Santa Cruz Quilehtla y Tlaxcala,
Por lo anterior, la Congresista propuso que, en ambas normativas, se establezca que el inicio de las administraciones sean el 15 de octubre, puesto que, reiteradamente, cada tres años surgen contingencias por costumbres administrativas y bancarias al depositar los recursos públicos, regularmente, el último día de cada mes.
Lo anterior, imposibilita cumplir las obligaciones constitucionales y legales, regularmente de carácter económico por parte de la administración municipal que deja las funciones el 31 de agosto.
Además, es importante recordar que la cuenta pública se presenta por periodos trimestrales, por lo que el tercer trimestre del año es de julio a septiembre, por lo que en el cambio de administración, a la saliente le toca comprobar los gastos de julio y agosto, mientras que a la entrante septiembre, por lo que se genera inseguridad jurídica para cumplir cabalmente las obligaciones constitucionales y legales, preferentemente, de carácter monetario con trabajadores, proveedores y la ciudadanía en general para reconocer, garantizar, proteger, respetar y promover sus derechos de prestación: económicos, sociales y culturales.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como a su expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.
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