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REAPREHENDE PGJE A IMPUTADA POR SECUESTRO AGRAVADO DE 2013.



En diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) dejó sin efectos la sentencia condenatoria de 95 años de prisión en contra de la imputada, por lo que quedó en libertad.

Resultado de estrategias jurídicas y procesales del grupo de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se logró la reprehensión de Tania N., quien cuenta con un proceso en su contra por el delito de secuestro agravado ocurrido en 2013.

Esta detención se logró luego de que en 2016, el Poder Judicial local revocó la sentencia de 95 años de prisión que consiguió la Procuraduría de Tlaxcala en contra de la imputada, por su participación en la privación de la libertad y muerte de un hombre en el municipio de El Carmen Tequexquitla.

Sin embargo, el asesor jurídico de las víctimas indirectas y el grupo de agentes del Ministerio Público realizaron varias estrategias jurídicas y acciones procesales que permitieron generar las condiciones legales necesarias para reactivar la investigación en contra de Tania N.

Asimismo, durante el procedimiento el Representante Social adscrito a la PGJE aportó diversas periciales en materia de psicología, criminología, trabajo social y criminalística de campo, a fin de determinar la proclividad de la conducta de la acusada; además, solicitó la reprehensión correspondiente.

Producto de estos actos procesales, la autoridad jurisdiccional decretó la reaprehensión de la imputada, por lo que el área de inteligencia del Grupo Especial de la Policía de Investigación logró establecer su ubicación en el municipio de El Carmen Tequexquitla

Por ello, los oficiales se trasladaron a dicha demarcación el 15 de marzo, donde capturaron a Tania N; de esta manera, fue certificada medicamente y remitida nuevamente al Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, donde enfrentará su situación legal.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado cumple su compromiso de agotar todas las etapas procesales y los recursos legales a su alcance, con el propósito de brindar certeza jurídica a las víctimas de los delitos.  

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