Rodrigo Guzmán 24/08/2021
Organizaciones civiles encabezadas por activistas, afirmaron que la recomendación en materia de violencia de género hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y rechazada por este último, representa un acto de violencia institucional.
A este respecto la ex legisladora local y activista, Eréndira Jiménez Montiel, afirmó que de acuerdo a las circunstancias que se viven en el Estado y en materia de reconocimiento de la violencia, la recomendación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sentaba los precedentes de una valiosa aportación.
“El asumirse como poseedores de la verdad absoluta y tomar la decisión de saber cual seria el procedimiento es algo malo, por supuesto que sabemos que no fueron ellos quienes estuvieron como actores de la violencia ejercida contra Marlene Alonso, si es la institución y es a ella a quien se llama que se hagan las acciones conducentes”
Por su parte, la activista Yeny Charrez, señaló que sin importar las esferas de poder, se denota la falta de garantía de los derechos de atención para con las mujeres, puesto que la CEDH no mantiene recomendaciones coercitivas, se vislumbra una consigna correspondiente a persecuciones políticas.
Con lo que hizo un llamado al Congreso del Estado y a la legislatura entrante a visibilizar las acciones correspondientes, al tiempo que afirmó reiterar el llamado a la gobernadora electa, Lorena Cuéllar a contemplar estos actos.
En su participación la ex comisionada del mismo Instituto, Marlene Alonso, señaló que las circunstancias que vivió en el año 2018 con los ex comisionados José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, quienes habrían cometido violaciones al derecho a la igualdad, discriminación del genero y violencia psicológica, política, institucional y laboral, representan actos que no deben volver a repetirse.
Con lo que el rechazo del Instituto a las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un acto grave que viola los mismos derechos, por lo que afirmó tomará acciones jurídicas, mismas de las que no confió detalles.
“Creo que lo que estoy viviendo hoy es una revictimización, porque esta estableciendo circunstancias que ni siquiera es competencia de ellos señalarlas, por ello se puede apreciar que estamos a la luz de violaciones a mis derechos… la recomendación tiene siete puntos que podrían ser fácil cumplir y ellos decidieron no colaborar” puntualizó.
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