Tras 11 años de permanecer en conflicto, la administración estatal actual logró conciliar un pago de 250 de los 683 mdp que se adeudaban
Isabel Polvo 06/12/2021
Tras más de 11 años, el gobierno estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros puso fin a la demanda de 683 millones de pesos que enfrentaba el gobierno local, por lo que el próximo año se dará continuidad al proyecto de la central de abasto en Xaltocan.
Con la firma de convenio judicial se determinó el pago total de solución definitiva de 250 de los 683 millones de pesos que le requerían al gobierno estatal, es decir se logró un acuerdo del 36.6 por ciento de la pena que ya había determinado la justicia, pero en menos de 100 días de la administración estatal se destrabo el conflicto.
La central de abasto impactará de forma positiva a campesinos, ahorros de consumidores y desde luego una derrama económica, dijo la gobernadora de la entidad.
El convenio establece la adquisición absoluta e inconclusa que también se encuentra deteriorada por varios años y que incluye el predio de una superficie total de 14.8 hectáreas.
Lo anterior, producto de la comunicación con los demandantes, las empresas Díaz Galloso Construcciones, Alfa central de Abastos y Proyectos Oriol Global Group.
En conferencia de prensa la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros refirió que la obra tenía un avance de entre el 15 y 20 por ciento; de ahí que se realizará un análisis de los planos a efecto de terminar la viabilidad de continuar con el proyecto origina o hacer modificaciones.
Una vez concluido el análisis se definirá la inversión total para concluir el proyecto de la central de abastos, para ello se requerirá de una inversión tripartita a través de la Asociación Pública Privada y el ayuntamiento de Xaltocan ya que se requiere invertir un aproximado de 150 millones de pesos para concluir la obra.
La mandataria estatal dijo que de suspenderse la obra se condenaba a pagar una pena por 320 millones de pesos, aunado al acumulado por el tiempo que durara la suspensión, toda vez que en el 2011 se anularon permisos, licencias y autorizaciones de uso de suelo para ejecutar la obra.
Fue hasta el 2012 cuando se inicio la demanda de orden civil lo que derivo en una sentencia en el 2019, lo que obligaba a pagar 683 millones de pesos por una pena convencional pactada, más IVA.
Luego de presentar amparos fueron negados y en octubre de 2019 se interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció celebrar la resolución el 22 de septiembre de 2021.
Por su parte, el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, enfatizó que se trata de un proyecto vigente que tiene altas posibilidades de generar desarrollo para el estado
Por último, Miguel Sánchez Ramírez, director jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), expresó que la clausula novena incluía la penalización misma que no se debió incluir en el contrato, pero tras lograr el convenio refleja un buen resultado ya que no se pagará la totalidad y se adquiere el derecho del proyecto, el cual vislumbra un impacto económico para la entidad y el municipio.
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