Ilse Aguilar 18-01-2022
Durante el primer foro del parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados, se trataron diversos puntos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrentaría de aprobarse o no la reforma eléctrica que plantea el gobierno.
De no ser aprobada, su participación en la generación de energía podría caer hasta 16% en los próximos ocho años, pero de aprobarse, expertos prevén apagones desde el día uno por falta de capacidad para atender al 56 por ciento del mercado.
Por su parte, Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), advirtió que provocaría daños irreparables al sector, llamó a no destruir lo logrado con la reforma energética de 2013.
“Se cancelaría el 62 por ciento de la generación nacional por la cancelación de los permisos, y alrededor de 50 por ciento del país podría quedarse sin luz, lo que generaría un paro para la industria y el comercio, pérdida de empleos, indemnizaciones y sanciones internacionales por los acuerdos comerciales, y habría un daño en la calificación crediticia. La solución requiere de una colaboración entre el Estado, el sector privado y social”, mencionó.
Además, Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), expresó su preocupación de que los argumentos para aprobar la reforma se centren en el debate entre empresas contra el sector público, más allá de atender los impactos a los consumidores.
“No cometamos el error de pensar que los cambios a la Constitución solamente afectarán a un limitado número de empresas con permisos de generación de energía. Los cambios constitucionales son solamente para mejorar las condiciones de mercado de la empresa estatal o para castigar algunos que pensamos hayan abusado del mismo. Si esto fuera necesario, hay muchas formas contempladas en el marco de la Ley”, señaló.
Con información de EL FINANCIERO
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